La Junta de Andalucía ha cobrado casi 19 millones con el canon del agua a los gaditanos en 2011 y 2012 para obras de depuración y saneamiento no ejecutadas
De las 22 obras declaradas de interés por la Comunidad para la provincia de Cádiz a financiar con el Canon Autonómico sólo se ha realizado parcialmente la de Algeciras y además pagada con fondos estatales
El 46% de la población gaditana no depura sus aguas o no lo hace correctamente al contar con infraestructuras que incumplen la normativa técnica vigente, suponiendo un grave riesgo para la salubridad
Un ‘Informe sobre la Situación de la Depuración de las Aguas Residuales’ en Cádiz realizado por una Comisión de Estudio de la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (CICCP) advierte de que el Gobierno andaluz ha recaudado en la provincia en torno a 19 millones de euros entre 2011 y 2012 a través del cobro de un «plus» a los ciudadanos cada mes en su factura del agua, denominado «Canon Autonómico«, para financiar obras de saneamiento y depuración que no se han ejecutado.
El Canon Autonómico o canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de interés de la Comunidad se estableció en la Ley de Aguas de Andalucía 9/2010 de 30 de julio, con carácter finalista, para financiar un programa de 300 obras de infraestructuras de depuración y saneamiento, 22 de ellas en Cádiz –que están detalladas en el informe anexo- con las que cumplir la Directiva Europea (Directiva Marco del Agua de diciembre de 2000), que obliga a que todas las aguas de Andalucía estén depuradas a partir de 2015.
Paradógicamente, en Cádiz no se ha licitado ninguna actuación en los últimos tres años y todas las obras de depuración gestionadas por la actual Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente están “reprogramadas” por falta de fondos. Así se desprende de este segundo ‘Informe sobre la Situación de la Depuración de las Aguas Residuales’ elaborado por el CICCP, que realizó su primera entrega en julio con el análisis de la provincia de Granada, y que desgrana ahora la problemática en Cádiz. El estudio desvela que el 46% de la población gaditana no depura sus aguas o no lo hace correctamente (incumple la Directiva 2000/60/CE), suponiendo un evidente riesgo de salubridad.
La Junta de Andalucía no ha ejecutado ninguna de las 22 obras declaradas de interés en esta provincia, ya que la actuación realizada en Algeciras, y que está a falta de que se concluyan los colectores, ha sido costeada por la Administración Estatal, pese a que la Administración Regional ya se les ha cobrado a los gaditanos casi 19 millones de euros para financiarlas. Se estima que en los próximos tres años (2013-2015) se cobren otros 40 millones por este concepto en Cádiz. Sin embargo, según concluyen en el informe, “es imposible” que en 2015 se hayan podido ejecutar estas obras y se cumpla con la Directiva Europea “si no se inician ya dichas infraestructuras, porque los plazos están muy comprometidos”.
De las 75 estaciones depuradoras existentes en la provincia, una está abandonada (Jédula – Arcos de la Frontera) y 21 no cumplen con la normativa (RD 509/96), están “obsoletas” y/o tienen un mal funcionamiento y todas cuentan con actuaciones sin ejecutar previstas en el listado de obras de interés de la Junta de Andalucía. De estas últimas es alarmante el caso de Barbate, que por sus vertidos cuenta con la única playa de Cádiz no apta para el baño.
Asimismo, cinco municipios de la provincia carecen por completo de infraestructuras de depuración, pese a que sus obras están también dentro de las declaradas de interés para la Comunidad. Entre ellos, en el informe consideran “preocupante” la situación de Tarifa, con una población de más de 15.000 habitantes y que no depura sus aguas. Este municipio tiene los terrenos cedidos para su EDAR y el proyecto redactado a falta de una partida presupuestaria que no llega. De especial interés son también los casos de Benacoaz y San José del Valle, que vierten sus aguas residuales en el Parque Natural de la Sierra de Grazalema, así como a los embalses de los Hurones y de Guadalcacín, que constituyen una de las principales fuentes de abastecimiento de agua de la provincia y de donde beben unos 700.000 habitantes, más de un millón en época estival, de los municipios de Jerez de la Frontera, Barbate, Sanlúcar de Barrameda o Medina Sidonia, entre otros.
Es evidente, por estos datos, que deben tomarse medidas con urgencia para corregir estos abusos, que se cumpla la normativa y que el dinero cobrado a los gaditanos revierta en ellos con las infraestructuras de depuración y saneamiento necesarias y exigidas para llegar a 2015 con los deberes hechos.
Estudio en Andalucía
El informe hecho público sobre Cádiz forma parte de un estudio exhaustivo que está realizando el CICCP en Andalucía, provincia por provincia, para sacar a la luz los posibles incumplimientos e irregularidades que puedan estar cometiéndose y acabar con la falacia de que todas las obras vitales para la ciudadanía están ejecutadas. Según los datos que maneja el Colegio, el Gobierno Andaluz ha recaudado en la Comunidad “en un cálculo muy a la baja” 63 millones desde mayo de 2011 a mayo de 2012 a través del Canon Autonómico sin que se hayan llevado a cabo ninguna de las actuaciones previstas. Si se mantiene esta política recaudatoria, en los próximos tres años se habrán cobrado más de 300 millones de euros en Andalucía por este concepto.
