DEMARCACIÓN DE ANDALUCÍA, CEUTA Y MELILLA DEL CICCP
Sobre el asunto se pronuncia Pietro Tucci, representante provincial en Sevilla del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, quien explica que en la ciudad hispalense, su área de influencia y España en general, las vías de comunicación son «adecuadamente» construidas porque hay una red de empresas solventes en la materia, con «grandes profesionales» y que apuestan por el uso de los materiales correctos.
Por eso, en términos generales lanza un «mensaje de tranquilidad sobre la calidad» de los firmes de calles y carreteras, porque a grandes rasgos en España hay un «buen nivel» en materia de construcción.
A partir de ahí, Pietro Tucci precisa que la vida útil del aglomerado, o sea la banda de rodadura de las calzadas, «no tiene una duración infinita», sino que se ciñe a periodos de entre diez y quince años, que se puede prolongar aplicando un buen mantenimiento, sobre todo «actuando ante los primeros problemas» que reflejen un agotamiento del firme. Se trata de un aspecto clave, según sus palabras, porque invertir en ese mantenimiento supone «garantizar la seguridad» a la hora de la circulación.
En este punto, este ingeniero precisa que España cuenta con «una magnífica red» de infraestructuras viarias, pero en líneas generales las administraciones están «destinando poco dinero a su mantenimiento», quizá por la preferencia de dedicar los fondos disponibles a actuaciones de mayor visibilidad ante la ciudadanía.
A ello se une, como agrega, la «situación extraordinaria» de la concatenación de borrascas con importantes lluvias e inundaciones, incidiendo en muchos firmes de carreteras «ya de por sí afectados» por el desgaste derivado de su insuficiente mantenimiento. «Eso acelera el deterioro«, razona Pietro Tucci.
«Las carreteras hay que construirlas pero también hay que mantenerlas y eso cuesta dinero», enfatiza, considerando que el conjunto de administraciones deben «volcarse» en materia de inversiones de refuerzo y mejora del estado de calles y carreteras, destacando como ejemplo el caso de la Junta de Andalucía, que ha calculado un coste de unos 535 millones de euros para hacer frente a los desperfectos que presenta la red autonómica de carreteras tras el tren de borrascas, planteando ya un primer paquete de inversiones de más de 260 millones para las actuaciones de mayor urgencia.
