EL CICCP VALORA LAS NOTICIAS SOBRE LA REGULACIÓN HÍDRICA Y LA DEMOLICIÓN DE PRESAS
La Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del CICCP se alinea con el posicionamiento del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos a nivel nacional en la defensa firme de la preservación y protección del patrimonio ingenieril de las obras públicas en nuestro país
Asegura que no se están demoliendo presas en servicio con usos asignados para abastecimiento o riego
Reclama una mejora de la capacidad de regulación para hacernos más resilientes a la sequía y el cambio climático, la derivación de partidas para mantenimiento y conservación y la necesaria modernización de infraestructuras vinculadas al agua
Una de las sequías más importantes de los últimos años, sumada al anuncio de restricciones y a una preocupante desinformación ciudadana, ha desembocado en una alarma social alimentada por noticias sobre el derribo de presas en nuestro país ante las que los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos desean arrojar algo de luz. La Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del CICCP, que representa a más de 3.500 profesionales técnicos competentes en materia de presas y regulación de recursos hídricos, zanja de entrada la preocupación latente y asevera con total convicción que “en Andalucía no se están demoliendo ni se van a demoler presas en servicio con usos asignados de riego o de abastecimiento”.
Caminos Andalucía, como ya hiciera público el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos a nivel nacional a principio del mes de mayo, manifiesta su defensa firme de la preservación y protección del patrimonio ingenieril que conforman las obras públicas de nuestro país e insta a la inversión de los recursos necesarios para su conservación y mejora. El 80% del consumo humano en España proviene de las 1.225 grandes presas existentes, con una capacidad de almacenamiento de 56.000 hm3, como ha recordado esta semana el Comité Nacional Español de Grandes Presas (SPANCOLD), y este patrimonio es vital. Por ello, desde el CICCP nacional se ha ofrecido la colaboración de la entidad colegial para el estudio y análisis de los distintos casos suscitados en España y se ha reconocido la predisposición del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITERD) en preservar las obras hidráulicas.
Al margen de esta premisa, la Demarcación explica que la puesta fuera de servicio o eliminación de algunos de los elementos que interfieren en el curso natural del agua, como presas o azudes, es una práctica regulada y controlada, y que no es ni buena ni mala por sí misma, depende de cada caso y puede estar plenamente justificada cuando se base en criterios técnicos y legales. Según la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos del MITERD, en la Cuenca del Guadalquivir, la que ocupa la mayor parte de la superficie de Andalucía, se han demolido 39 azudes y presas obsoletos entre los años 2016 y 2021, habiéndose conseguido re-conectar 61,03 km de ríos. Caminos Andalucía hace hincapié en que se alude a “azudes y presas obsoletos”, en ningún caso a elementos en funcionamiento o en servicio con usos asignados para riego o abastecimiento, como indicamos al principio. Se trata generalmente de infraestructuras privadas, concesionadas, que una vez finalizada la concesión temporal estipulada y concluido el periodo de explotación se procede a su demolición programada, salvo que haya interés general. Es decir, que no toda presa o azud de propiedad privada que haya finalizado su plazo concesional debe ser obligatoriamente demolida, la administración hidráulica puede revertir todas las obras a titularidad pública si lo estima conveniente, y también es posible preservar el patrimonio hidráulico con medidas suplementarias que faciliten seguir disfrutando de sus beneficios ambientales y posibiliten su reconstrucción si de nuevo fuese necesaria.
En el caso de las presas demolidas, sólo ha afectado hasta ahora a pequeños embalses que por distinta casuística han perdido su finalidad y, como han asegurado desde SPANCOLD, “no ha supuesto una merma real de la capacidad de almacenamiento total, ni de la cantidad de agua en términos de disponibilidad”. En cuanto a los azudes, según la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla, “muchos muy antiguos y sin uso”, pertenecientes a viejos molinos o derivaciones de riego, que alteran el régimen fluvial normal, no tienen capacidad reguladora, no almacenan en periodos húmedos para los de sequía, únicamente apaciguan las corrientes existentes, y su eliminación no afecta en ningún caso a la disponibilidad del recurso.
Pese a ello, el Colegio entiende que se trata de un tema en el que no se puede generalizar y en el que es preciso ser cauto, cuidadoso y conservador en el sentido más amplio de la acepción, estudiando siempre cada casuística, con la evaluación correcta de su viabilidad. De la misma forma que los ingenieros de caminos, canales y puertos son los técnicos competentes en las fases de proyecto, construcción y explotación de presas, también lo son para la fase de puesta fuera de servicio y eventual demolición.
Si bien los datos muestran que la demolición de presas no ha reducido la capacidad de regulación disponible en España, en el caso de la Cuenca del Guadalquivir, (según el propio organismo), se han perdido 80 Hm3 de capacidad de embalse por efecto de la sedimentación en los mismos. En este contexto, el recientemente aprobado Plan Hidrológico del Guadalquivir prevé que el déficit estructural de recursos hídricos que sufre la cuenca, en vez de seguir disminuyendo como en los anteriores ciclos, se incremente casi 20 Hm3. Los planes hidrológicos de las cuencas intracomunitarias andaluzas prevén acabar con este déficit estructural en el próximo ciclo de planificación hidrológica, pero dependen de importantes infraestructuras cuya ejecución no puede demorarse.
La inversión pública en depuración y abastecimiento está muy por debajo de las exigencias de la Directiva Marco de Aguas (DMA) y lejos de cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. El III Ciclo de Planificación Hidrológica 2022-2027 debería destinar para cumplir con los dictámenes europeos más de 4.850 millones de euros a hacer frente a la sequía y la desertización del territorio nacional, de los que 3.262 millones serían para el regadío y 1.590 millones para el abastecimiento. Asimismo, es preciso seguir avanzando en la modernización de regadíos, en la mejora de su eficiencia, y en ahondar en el mantenimiento y conservación de canalizaciones para reducir en la mayor medida las pérdidas y elevar la productividad de los recursos disponibles.
