TARDES DE ENCUENTROS COLEGIALES. PRESIDENTA DE ANCI
La presidenta de ANCI hizo un análisis crítico de la situación de incertidumbre y falta de rentabilidad del sector de la construcción en la actualidad y ofreció propuestas para reconducir entre todos la tendencia porque, advirtió, “de seguir así nuestro sector no será sostenible”
La rigidez normativa, la inestabilidad e incertidumbre de las inversiones públicas, los precios de licitación fuera de mercado, la falta de un mecanismo de revisión de precios en todos los contratos que se ajuste a la realidad del incremento de costes y un control dispar de las bajas excesivas, están elevando el riesgo que asumen las empresas y disminuyendo su rentabilidad, lo que, finalmente, se traduce en un incremento de la litigiosidad. Este es el dibujo del sector de la construcción en España que plasmó la presidenta de la Asociación Nacional de Constructores Independientes (ANCI), Concha Santos, en el encuentro colegial celebrado el 28 de mayo en la oficina del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en Sevilla. Pese a alabar la “elevada eficiencia y calidad” del sector en España, “uno de los más competitivos a nivel mundial”, alertó que el progresivo empeoramiento del contexto en el que las empresas desarrollan su actividad debe corregirse para garantizar la sostenibilidad de una industria, la ingeniería española, que es un referente mundial.
El marco ideal para garantizar la sostenibilidad del sector, sin perder la competitividad que le caracteriza, pasa, según Santos, por un plan estable de inversiones alineado con las inversiones necesarias, donde se cuente con un esquema de financiación eficiente que complemente los recursos públicos con los privados; con una planificación detallada y transparente de actuaciones comprometidas, que permita conocer las perspectivas del mercado para dotar a las empresas de los recursos necesarios para afrontarlas; que el abono de la prestación se ajuste a lo que realmente cuesta hacer una obra; así como facilitar y simplificar los procedimientos administrativos en el proceso de licitación, adjudicación y ejecución. Aquí se enmarca la reclamación del sector por “un Pacto por las Infraestructuras que cubra las necesidades que tiene el país”.
Sin embargo, la realidad es que la gráfica que representa las inversiones de los últimos treinta años no muestra una tendencia estable, sino una dependencia absoluta de los ciclos económicos, “porque cuando llega un periodo recesivo siempre se recorta de la partida de infraestructuras”, lamentó la presidenta de ANCI. Entre 2006 y 2012 la contratación cayó al 15% (de 47.200 a 7.400 millones de euros) con la llegada de la crisis y el fin de los fondos europeos, seguida de una década de “infrainversión”. Los últimos cuatro años, gracias a los NextGeneration vivimos “un momento dulce” con 31.400 millones de inversión, si bien supone un 2% del PIB frente al 4,7% de 2006. Los NextGen, que han supuesto entre 16% y el 20% de licitación pública desde 2021, “se acaban”; y el Plan de Defensa anunciado para 2025, en el que deberán invertirse 11.000 millones de euros (para alcanzar el 2% del PIB), “no lleva asignado ni un euro de inversión en infraestructuras”, alertó Santos, que se preguntó “¿de dónde van a salir estos fondos?”.
“No podemos continuar con esta visión cortoplacista de las infraestructuras que necesita nuestro país”, apostilló. En este punto explicó que, “como no se puede desligar la inversión en infraestructuras de los presupuestos públicos, debemos utilizar todos los mecanismos de financiación a nuestro alcance, apelando al sector privado”. Y conminó a recuperar un “modelo más equilibrado” basado en un “sistema concesional hoy en desuso”. Las trabas están en la actual crisis de confianza “por experiencias negativas pasadas” y las limitaciones de la rentabilidad de la Ley de Desindexación.
Hizo alusión en varios momentos de su intervención al informe de INECO ‘Eficiencia del sector español en el desarrollo de la alta velocidad ferroviaria’ para extrapolar algunos datos a la generalidad de la construcción. El apunte de este informe que cita con asiduidad el Ministerio sobre el coste medio de la LAV que, con 17’7 millones el kilómetro, es el más barato de la UE, al estar la media en torno a 45’5 millones el kilómetro; tiene una doble lectura. Siendo cierto el alto nivel de eficiencia que ha permitido a las empresas reducir los costes al máximo, también muestra que la rentabilidad de las empresas se ha reducido a mínimos.
Los costes de construcción se han incrementado un 28% en Obra Civil y un 24% en Edificación desde 2021, “pero se siguen licitando proyectos con precios pre-covid”, criticó Santos. También hay “un problema” con los Gastos Generales y los Costes Indirectos, que en la práctica se sitúan entre el 16-20% y en el 13%, respectivamente, cuando actualmente los presupuestos de las obras están incluyendo un 13% para los primeros y un 6% para los segundos.
A esto se suma la incertidumbre que supone la falta, en la mayoría de los contratos, de la posibilidad de revisar los precios, ya que, por la Ley de Desindexación, este mecanismo es potestativo para los órganos de contratación que, salvo excepciones, no hacen uso del mismo.
Santos recordó asimismo que “la mano de obra está tensionada porque hay escasez, unido a las subidas sucesivas del SMI y pendientes de una posible reducción de jornada laboral, que supondría un sobrecoste añadido a los contratos en ejecución”. También destacó que su coste se ha incrementado un 16% entre 2021 y 2025 y que, sin embargo, en ningún caso se revisa la variación de los costes laborales.
Finalmente añadió en relación con el régimen actual de revisión de precios que, según el último informe de precios elaborado por ANCI, actualmente existen, de media, 11 puntos porcentuales de diferencia entre la revisión de precios resultante de aplicar los índices de materiales del INE a las fórmulas polinómicas de los contratos y el incremento real de costes de construcción que reconoce el propio Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (MITMS). En este escenario, aseguró la presidenta de los Constructores Independientes, “es imprescindible articular herramientas para poder revisar los contratos, a fin de evitar que circunstancias sobrevenidas e imposibles de predecir puedan poner en riesgo su viabilidad”, tal y como sucedió con la crisis de precios de 2021, que finalmente requirió de un mecanismo excepcional de revisión de precios.
Además, “la inadecuación de los criterios para justificar la solvencia de las empresas está llevando a un empeoramiento generalizado de las clasificaciones del contratista”, de manera que una herramienta útil para reducir la carga administrativa en las licitaciones está suponiendo una barrera para que las empresas puedan concurrir a las mismas. Desde ANCI reclaman que la acreditación por medios se equipare a la de la experiencia, que se amplíe el número de certificados (limitado a seis) y que se incremente el plazo para la acreditación de 5 a 10 años. En este último punto se ha logrado que, para 19 subgrupos, Hacienda elabore una orden ministerial, actualmente en fase de información pública, ampliando el plazo a 10 años.
Otra cuestión que apuntó Santos fue la referida a que, “si queremos una contratación pública eficiente, se debe fomentar la concurrencia de empresas, para lo cual es imprescindible un adecuado diseño de la inversión de manera que el tamaño de los contratos así lo permita, tramificando de forma razonable las grandes infraestructuras, para evitar la concentración en unas pocas empresas”, aludiendo de nuevo al informe de INECO que lo recoge de igual manera.
Sobre los criterios de adjudicación, Santos reclamó también un diseño razonable de la fórmula de valoración de la oferta económica y el establecimiento de umbrales de temeridad estrechos “que contengan las ofertas anormalmente bajas”. También dejó claro que tanto la administración como los contratistas se beneficiarían, reduciendo las dificultades en la ejecución de las obras y la litigiosidad.
Por último, la presidenta de ANCI indicó que “el éxito y la eficiencia del sector dependen de disponer de unos procedimientos ágiles”, donde, sin eliminar un control necesario, no se comprometa la operatividad del sistema. Así, los técnicos que ejecutan los contratos deberían tener “capacidad de decisión, gestión y control” sobre los mismos, para lo cual convendría modificar la redacción del artículo 203 de la Ley de Contratos del Sector Público, recordando asimismo las ventajas de evolucionar hacia la vía del acuerdo en las reclamaciones de expedientes de daños para evitar llegar al contencioso.
Intenso debate
En uno de los debates más dinámicos y participativos de los encuentros celebrados hasta ahora, la presidenta de ANCI refrendó cada una de sus propuestas contestando a las cuestiones lanzadas por los compañeros asistentes. Ante la pregunta de “¿Por qué los políticos ponen en duda que las infraestructuras son sinónimo de riqueza?”, realizada por el representante en Sevilla del CICCCP, Pietro Tucci, volvió a cuestionar la “gestión cortoplacista ligada a los ciclos económicos”, al entender las administraciones como “gasto” la inversión en infraestructuras y afirmó que falta acuerdo para sacar adelante una planificación. Los asistentes coincidieron con la presidenta de ANCI en que “debemos lograr que la sociedad sea consciente y reclame a las administraciones las infraestructuras necesarias como un bien prioritario”, como lo hacen con la Educación y la Sanidad. “Me da pena que las infraestructuras no se ven hasta que no fallan y llegamos a situaciones como las vividas con la Dana, en las que se evidencia todo lo que estaba planificado y no se ha hecho”, lamentó. A esto Tucci contestó que “nadie se atreve a reducir el gasto en Educación y Sanidad, y nadie tendría que atreverse a hacerlo en infraestructuras que salvan vidas, algo que ha evidenciado la Dana”. Por su parte, Juan Aguilera, gerente de Gaesco, reclamó un “análisis exhaustivo de la situación” y exponer a la sociedad “este panorama de falta de planificación y compromiso”.
El ingeniero Arturo Coloma, gerente de Ceacop, destacó que el papel de los ICCPs “ha sido determinante para la eficiencia del sistema”, “y tenemos tal ingenio, que para no morirnos aquí nos vamos a sacar pecho fuera”. Se preguntó si “no somos capaces de explicar que España precisa una inversión constante del 3% del PIB para infraestructuras y transportes, porque esto es lo que nos devolvería la estabilidad”, aseguró. Coloma criticó la “falta absoluta de consideración con el sector”.
El compañero Pedro Choza coincidió en la necesidad de priorizar los acuerdos a los litigios, aplicando “el sentido común”, y de limitar las bajas temerarias. También llamó la atención sobre la repercusión en los costes que está suponiendo la aplicación del BIM, que se está introduciendo como exigencia en los contratos sin reflejar el aumento de los gastos que implica.
Como cierre, se puso sobre la mesa el necesario empoderamiento de los ingenieros funcionarios en las administraciones.
