DEMARCACIÓN DE ANDALUCÍA, CEUTA Y MELILLA DEL CICCP
Estimado/a colegiado/a,
Queremos recordaros el apoyo institucional a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la modificación de la Ley de Aguas, que ya ha sido admitida a trámite por la Junta Electoral Central.
– El plazo para recoger las 500.000 firmas finaliza el 25 de febrero de 2026 –
¿Qué propone la ILP?
Busca INTRODUCIR 3 principios clave en el artículo 14 del Texto Refundido de la Ley de Aguas (Real Decreto Legislativo 1/2001):
1. Protección de las personas: Se incluye explícitamente “la protección de la vida e integridad humana”.
2. Inversión suficiente: Se reclama que se garantice la inversión necesaria para mitigar riesgos naturales, como inundaciones o sequías.
3. Profesionalidad técnica: Se propone que los cargos públicos en el ámbito del agua estén ocupados por profesionales con la capacitación y cualificación técnica adecuada.
¿Cómo puedes Firmar?
1. Firma electrónica con certificado digital FNMT y Autofirma ↓
2. Firma manuscrita por correo postal: Solicita y recibirás gratuitamente el pliego oficial junto con un sobre prefranqueado ↓
3. Firma presencial en las Demarcaciones y Sede Central del Colegio.
¿Por qué apoyamos esta ILP?
Esta Junta de Gobierno, al igual que la anterior, ha reclamado de forma reiterada reformas en la Ley de Aguas, especialmente tras los graves efectos de la DANA en Valencia. Se ha pedido un Pacto de Estado por el Agua que garantice la ejecución de las infraestructuras previstas y se reconozca la labor técnica de los ingenieros de caminos en materia hidráulica, incluida la seguridad de presas.
Lo que de verdad importa: proteger vidas ante inundaciones y sequías. Cada año, las inundaciones y las sequías causan daños irreparables: personas que pierden su hogar, su modo de vida… o incluso la vida misma. Y lo más doloroso es que podemos evitarlo. Desde hace tiempo ya existen las soluciones: infraestructuras hídricas clave, bien estudiadas y presupuestadas. Lo único que falta es darles prioridad. La inversión que se necesita es pequeña si la comparamos con las pérdidas que sufrimos cada vez que ocurre una catástrofe natural. Lo que pedimos es sencillo: que el Parlamento anteponga la seguridad de las personas por delante de todo.
El apoyo tiene como fin proteger a la ciudadanía y fortalecer el criterio técnico en la toma de decisiones que afectan a la gestión del agua, un recurso esencial.
