DEMARCACIÓN DE ANDALUCÍA, CEUTA Y MELILLA DEL CICCP
Caminos Andalucía ofrece su colaboración para hacer llegar a los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos las oportunidades profesionales en estos campos
El Decano de la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Juan Manuel Medina Torres, y la Vicedecana de la misma, Ana Chocano Román, se reunieron el 16 de junio con el Viceconsejero de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Sergio Arjona Jiménez, para reactivar las áreas de colaboración institucional. En el encuentro, el responsable del ramo puso sobre la mesa su interés por incrementar la presencia de los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en la Consejería, ante la necesidad de que el Medio Ambiente y la Sostenibilidad cuenten con la visión de estos profesionales para el desarrollo de las infraestructuras del futuro y la materialización de las exigencias europeas de cara al objetivo 2030.
El Viceconsejero explicó que las nuevas disposiciones normativas y el interés de Europa de avanzar hacia la economía circular y la reutilización y regeneración abren un campo de aplicación para la Ingeniería que está trayendo oportunidades y retos. Los objetivos europeos de reciclaje y de reducción y aprovechamiento de los residuos urbanos será uno de los “grandes nichos de mercado a futuro, donde se requerirá de inversión privada”. Según había anunciado Arjona Jiménez en el encuentro colegial que protagonizó en Sevilla, las necesidades en Andalucía estarán en torno a los 1.200 millones para adaptar todas las unidades de gestión de residuos en la comunidad.
El Decano se comprometió a organizar foros o jornadas que den a conocer estas actuaciones y hacer llegar a los ingenieros las opciones que se generan en estos campos. Los representantes de la Demarcación manifestaron su colaboración para avanzar en la mejora de la situación y concienciar a nuestros profesionales en una nueva forma de presentar, proyectar y hacer las cosas, donde la sostenibilidad ambiental toma preponderancia.
El Viceconsejero de Sostenibilidad y Medio Ambiente recordó que la economía circular es una de las asignaturas pendientes de España. Este nuevo modelo económico basado en la sostenibilidad tiene su piedra angular en la prolongación de la vida útil de los materiales y de los recursos tanto como sea posible y, ahí, tienen mucho que decir también los ICCPs.
Según la última valoración de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), uno de los ámbitos más preocupantes es el lento avance hacia la economía circular: una de las prioridades políticas de la UE. Las cifras demuestran que el porcentaje de uso circular de materiales en los sectores productivos españoles es del 8,5%, lo que sitúa nuestro país en la parte baja de la tabla, entre Eslovenia y Polonia. La media europea está en el 11,8 %. El objetivo de Bruselas es llegar al 22,4% para 2030. Pese a los esfuerzos legislativos de los últimos años, España no cumplió con el objetivo de la UE de reciclar el 50 % de los residuos municipales para 2020, por lo que alcanzar los próximos objetivos requerirá mayores esfuerzos.
Los datos publicados por Eurostat en enero de 2026 son contundentes: España recicla de vuelta a su economía apenas el 7,4% de los materiales que consume, frente a una media europea del 12,2%. Casi la mitad de sus residuos municipales, el 47% termina en el vertedero. Y ese vertedero español no es un problema local: según la Comisión Europea, España genera por sí sola el 20% de todos los residuos que van a enterrarse en la Unión (según datos que cita la asociación AVERSU).
España ha construido en los últimos años una arquitectura normativa sin precedentes, y ahora toca ejecutarla. La Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos 2025-2035 aprobado en diciembre pasado y el II Plan de Acción de Economía Circular, publicado en enero de 2026 con 105 medidas, conforman juntos la hoja de ruta más ambiciosa que el país ha tenido en esta materia. La Comisión tiene previsto aprobar a final de 2026 una nueva Ley de Economía Circular que elevará las exigencias a todos los Estados miembros y fijará un objetivo de circularidad del 24% de materiales para 2030. La posibilidad de nuevas sanciones no es retórica: varios objetivos de la Ley 7/2022 y de las directivas europeas ya incumplen sus plazos, y el PEMAR 2025-2035, aprobado en diciembre pasado, reconoce implícitamente que el sistema actual necesita una transformación de fondo para alcanzar el límite del 10% de vertido en 2035.
