DEMARCACIÓN DE ANDALUCÍA, CEUTA Y MELILLA DEL CICCP
Las mesas dejaron patente que “no sólo el que firma un proyecto o dirige una obra asume riesgos, sino todos los que participan en su desarrollo” y que la mejor garantía y protección es el visado de las obras y el seguro colegial, que mira sólo por el interés del ingeniero
El conocimiento nos da las herramientas para prevenir las consecuencias, estar preparados ante las adversidades y tomar medidas. De ahí la importancia de jornadas como las del 20 de febrero en Granada, sobre la Responsabilidad Civil y Penal en la Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, organizadas por la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del CICCP, con el patrocinio de CBNK Ingeniería. «Hemos podido arrojar algo de luz sobre las diferentes casuísticas que surgen en nuestra vida como ingenieros y cómo afrontarlas; qué puede suceder y a quién podéis recurrir para vuestra defensa y para vuestra tranquilidad«, así lo resumía el Decano de Caminos Andalucía, Juan Manuel Medina Torres.
MESA INAUGURAL
La mesa inaugural fue abierta por Miguel Ángel Carrillo Suárez, presidente del CICCP, quien destacó que el ejercicio de la Ingeniería se sustenta en tres pilares esenciales: las competencias profesionales, el compromiso ético y la asunción de responsabilidades. Subrayó la importancia de conocer las consecuencias que puede implicar cada decisión técnica, recordando que la responsabilidad profesional del ingeniero se prolonga en el tiempo y puede afectar incluso al patrimonio personal. En este sentido, anunció la mejora del seguro colectivo de responsabilidad civil profesional para el periodo 2025-2026, con un aumento significativo de las coberturas y un nuevo protocolo de actuación ante siniestros, garantizando así la atención y el respaldo continuo a los colegiados a través de las demarcaciones, la mediadora CBNK y la aseguradora CASER.
Carrillo insistió en que la fortaleza del Colegio reside en la unidad y en la defensa de la profesión, remarcando la necesidad de mantener un Colegio único y fomentar la colegiación obligatoria, tanto en el ámbito público como privado, como garantía de actuación dentro de un marco legal y asegurado. Advirtió también que ejercer sin estar colegiado puede implicar graves perjuicios y ausencia de cobertura, recordando que el visado de trabajos profesionales refuerza la protección jurídica y penal de los ingenieros. Enfatizó que no solo los responsables directos de un proyecto asumen riesgos, sino todos los que intervienen en su desarrollo.
Por su parte, Lorenzo Jesús del Río Fernández, presidente del TSJA, valoró la jornada como un “acierto” por fomentar la reflexión jurídica en un ámbito donde las consecuencias de los fallos pueden ser devastadoras. Señaló la necesidad de analizar con precisión los defectos de diseño, ejecución y mantenimiento de las infraestructuras para determinar correctamente las responsabilidades, evitando daños personales y familiares derivados de procesos judiciales prolongados. Además, destacó que el cambio climático introduce nuevos retos en la ingeniería, al ampliar el concepto de accidente a fenómenos naturales antes considerados fortuitos, lo que exige una mayor previsión en el diseño y mantenimiento. Concluyó resaltando la importancia de los seguros de responsabilidad civil como indicadores de la evolución futura del sector y recordó que la colegiación obligatoria en España está alineada con las exigencias europeas de cualificación y registro profesional.
MESA SOBRE RESPONSABILIDAD PENAL
La primera mesa redonda profundizó en las perspectivas prácticas sobre la Responsabilidad Penal en la labor como Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Expertos como el catedrático de Derecho Penal Miguel Olmedo Cardenete y el magistrado Antonio Moreno Marín ofrecieron sus conocimientos y experiencias, bajo la moderación de Mariano de Damas Cerdá, responsable del Departamento Jurídico de Caminos Andalucía.
La mesa sobre Responsabilidad Penal abordó con profundidad las implicaciones jurídicas a las que pueden enfrentarse los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en el ejercicio de su profesión. Moderada por Mariano de Damas Cerdá, responsable jurídico de Caminos Andalucía, contó con la participación del catedrático de Derecho Penal Miguel Olmedo Cardenete y del magistrado del TSJA Antonio Moreno Marín. De Damas subrayó que “el precio de la grandeza es la responsabilidad” y recordó la importancia del principio de intervención mínima del Derecho Penal, destacando la necesidad de que los profesionales se sientan respaldados por el Colegio y acudan siempre asistidos legalmente ante cualquier proceso. Reivindicó, además, la reciente Ley 5/2024 del Derecho a la Defensa y los recursos colegiales consolidados durante más de dos décadas para proteger a los ingenieros.
Miguel Olmedo Cardenete ofreció una exposición didáctica centrada en la “imprudencia profesional” recogida en los artículos 142 y 152 del Código Penal, aplicable en casos de homicidio o lesiones derivadas del ejercicio técnico. Explicó que, aunque los ingenieros suelen ser investigados en casos de accidentes graves, solo la negligencia extrema puede derivar en una condena. Señaló la relevancia de la Lex Artis —el conjunto de reglas y estándares técnicos que rigen la buena práctica profesional— como criterio determinante para exonerar de responsabilidad si el trabajo se realizó conforme a las normas de seguridad y diligencia. También destacó la importancia de las pruebas periciales independientes y de la teoría de la imputación objetiva, que limita la responsabilidad penal únicamente a los casos en que el riesgo creado es jurídicamente desaprobado, además de los factores de previsibilidad, infracción del deber de cuidado y evitabilidad del daño.
Por su parte, Antonio Moreno Marín ofreció una visión práctica del proceso penal, explicando las fases desde la instrucción hasta el enjuiciamiento. Detalló cómo el juez determina la existencia de indicios de delito —ya sea de riesgo (art. 316) o de resultado (arts. 142 y 152)— y resaltó la importancia de la prueba pericial para esclarecer los hechos técnicos. Insistió en la necesidad de que los ingenieros comparezcan siempre asesorados por un abogado y destacó el papel del Colegio como garante técnico en casos de especial gravedad. Moreno Marín explicó también las posibles resoluciones del proceso (archivo, juicio de faltas o procedimiento abreviado) y las consecuencias de una condena, que pueden incluir penas de prisión, sanciones económicas e inhabilitación profesional. Cerró su intervención subrayando la complejidad de estos procedimientos y la relevancia de una actuación rigurosa y documentada para minimizar riesgos penales en el ejercicio de la Ingeniería.
RONDA DE PREGUNTAS DE LA PRIMERA MESA
La ronda de preguntas de la primera mesa puso de relieve la dimensión humana y práctica de la responsabilidad penal en la ingeniería. José Luis Sanjuán, secretario de la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla, señaló la dificultad de encontrar ingenieros dispuestos a relatar públicamente su experiencia en un proceso penal, debido al enorme desgaste personal y profesional que implica. Subrayó que recibir una carta de inicio de diligencias previas se vive casi como una condena anticipada y planteó la importancia de elegir bien al abogado defensor, destacando que muchos profesionales desconfían de la defensa institucional de la Administración o la empresa.
El magistrado Antonio Moreno Marín reconoció la frustración de los ingenieros investigados, aunque explicó que la instrucción penal es obligatoria por ley cuando existen consecuencias graves. Recordó que, si no se aprecia delito, el juez puede remitir el caso a la vía civil para evitar dilaciones innecesarias. Por su parte, Mariano de Damas Cerdá insistió en la conveniencia de contar con un abogado de confianza e independiente, ya que tanto empresas como administraciones pueden tener intereses contrapuestos, mientras que el Colegio solo defiende al colegiado. Miguel Olmedo Cardenete añadió que la intervención judicial garantiza la objetividad del proceso y reiteró que el abogado debe ser ajeno a la empresa o Administración, recordando además que desde 2010 las empresas pueden ser penalmente responsables como personas jurídicas.
En una segunda intervención, Salvador Fernández relató experiencias concretas de juicios a personal de la Demarcación de Carreteras, destacando el apoyo del Colegio y la conveniencia de una defensa independiente, ya que incluso el Abogado del Estado admitió que su prioridad era proteger a la Administración. Finalmente, el ingeniero Juan Felipe Criado preguntó sobre la obligación de denunciar hechos delictivos. Moreno Marín aclaró que la denuncia es un deber social, no legal, salvo para funcionarios o colectivos específicos. Olmedo Cardenete añadió que los planes de compliance y los canales internos de denuncia pueden exonerar o atenuar la responsabilidad penal de las empresas y proteger a los profesionales, por lo que recomendó utilizarlos cuando existan indicios de irregularidades.
MESA SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL
La mesa sobre Responsabilidad Civil, moderada por Pablo Linde Puelles, director jurídico del CICCP, reunió a tres expertos —Francisco Pertíñez Vílchez, catedrático de Derecho Civil de la UGR; Vicente Tovar Sabio, magistrado en excedencia y abogado; y José Luis López Fuentes, presidente de la Audiencia Provincial de Granada— para analizar la seguridad jurídica en la práctica profesional de la ingeniería. Linde destacó que la Responsabilidad Civil resume los pilares del ejercicio profesional —competencia técnica, ética y cumplimiento de la Lex Artis—, y subrayó la necesidad de conocer las obligaciones legales y deontológicas para evitar sanciones.
Francisco Pertíñez explicó que la responsabilidad del ingeniero es una responsabilidad por negligencia, es decir, por no haber observado las exigencias de la Lex Artis ad hoc. Recordó que la diligencia exigible a los ingenieros es “cualificada” por el alto impacto de sus decisiones, y que el proyectista responde incluso por errores de otros profesionales cuyos informes asuma o coordine. Advirtió además del cambio jurisprudencial hacia la doctrina de la pérdida de oportunidad, que permite condenas parciales aun sin certeza absoluta de causalidad. Detalló también los plazos de prescripción —generalmente entre uno y dos años— y la posibilidad de responsabilidad solidaria cuando no se puede individualizar el grado de participación en el daño.
Por su parte, Vicente Tovar abordó la responsabilidad en la subcontratación, diferenciando entre la contractual (incumplimiento de contrato) y la extracontractual (daño a terceros). Explicó cómo la jurisprudencia ha evolucionado hacia una responsabilidad más objetiva, en la que se presume la culpa incluso si se han cumplido las normas reglamentarias. En casos de subcontratas, precisó que el contratista principal sigue siendo responsable por culpa in vigilando y culpa in eligendo, debiendo supervisar y elegir adecuadamente a sus subcontratistas. Recalcó, además, el papel crucial de los peritos judiciales como figuras decisivas para esclarecer la responsabilidad técnica ante los tribunales.
Finalmente, José Luis López Fuentes defendió el valor del visado colegial y los seguros de responsabilidad civil, que ofrecen protección al ingeniero frente a posibles conflictos con empresas o administraciones. Presentó un caso real en Granada sobre daños en una urbanización construida sobre una ladera inestable, donde la Audiencia Provincial declaró responsables solidarios a todos los agentes intervinientes. Explicó que el visado constituye una garantía tanto para el profesional como para la sociedad, pues el Colegio puede responder subsidiariamente ante defectos que debió detectar al visar. Además, destacó las ventajas del seguro colectivo del CICCP, con coberturas vitalicias, primas unificadas y mayor protección frente a reclamaciones, y aclaró las diferencias entre los seguros claim occurrence y claim made.
RONDA DE PREGUNTAS A LA MESA DE RESPONSABILIDAD CIVIL
La ronda de preguntas de la mesa sobre Responsabilidad Civil abordó temas sensibles sobre los límites y la transmisión de la responsabilidad profesional. José Luis Sanjuán planteó si la Responsabilidad Civil podía heredarse, a lo que José Luis López Fuentes, presidente de la Audiencia Provincial de Granada, aclaró que la penal se extingue con la muerte, pero la civil sí puede transmitirse. Francisco Pertíñez Vílchez precisó que esta solo se hereda si se acepta la herencia, pudiendo hacerse a beneficio de inventario para responder únicamente con los bienes heredados. Advirtió que, en casos de daños continuados, el plazo de prescripción comienza cuando el daño se detecta, por lo que la responsabilidad puede mantenerse activa muchos años.
El representante en Jaén, Ramón Carpena Morales, preguntó sobre la responsabilidad de las oficinas de supervisión de proyectos públicos. Pablo Linde Puelles respondió que toda actuación técnica genera responsabilidad, no solo la del firmante del proyecto, y que los tribunales suelen extender la responsabilidad solidaria cuando es difícil individualizarla. Señaló que los ingenieros que participan en la supervisión también pueden ser responsables, aunque la administración suele responder en primer lugar. López Fuentes añadió que, en estos casos, la administración actúa casi siempre como responsable civil subsidiario.
Por último, Antonio Cleofé López Muñoz cuestionó por qué la administración no asume parte de la responsabilidad cuando encarga estudios técnicos a terceros. López Fuentes explicó que, si el ingeniero asume o incorpora el informe al proyecto, pasa a ser responsable de su contenido. Pertíñez Vílchez complementó citando el artículo 196 de la Ley de Contratos del Sector Público, que establece que la administración responde frente a terceros, pero puede repetir contra el proyectista o el autor del informe. Salvador Fernández cerró con el ejemplo del reventón de un depósito en Melilla, donde la oficina de supervisión fue imputada y la administración tuvo que asumir subsidiariamente los daños, subrayando la complejidad de las distintas firmas y responsabilidades técnicas y administrativas en los proyectos públicos.
CLAUSURA
La jornada concluyó con unas palabras de D. Juan Manuel Medina Torres, Decano de Caminos Andalucía, resumiendo la primera mesa con los conceptos garantías de los procesos judiciales y daños psicológicos; y la segunda con el de responsabilidad y la necesidad de tener herramientas que nos permitan afrontarla. En definitiva, subrayó, los seguros y los visados que conllevan un seguro. “Hoy se ha hablado de riesgos, la nuestra es una profesión de riesgo”, ensalzaba recordando a un profesor que decía que era una “cuestión estadística: por tantas horas trabajadas al año, estos son los daños personales o patrimoniales que se pueden generar”. Pero, adujo, también es una profesión comprometida con la excelencia y la responsabilidad asociada a esos riesgos. “Si un ingeniero se equivoca en un cálculo, eso se traduce en potenciales daños, patrimoniales o humanos”. Frente a ello, recordó, están los visados de trabajo y las coberturas de los seguros, y un Colegio que “va más allá”, te acompaña y te asesora en ese proceso difícil.
En referencia a la silla vacía de la primera mesa, leyó dos escritos sobre este tipo de casos con los que cerró la jornada:
“Te ruego traslades mi agradecimiento a quien corresponda. El servicio jurídico me ha devuelto la ilusión. Una imputación penal te parte la vida por la mitad y dejas de vivir hasta que el expediente se cierra. Sin el Colegio no hubiese conseguido llegar hasta aquí. Quedo infinitamente agradecido”.
“Durante casi 20 años estuve imputado en un tema que se tramitó por el procedimiento abreviado, del que al final salí absuelto en el Supremo. El apoyo en el Colegio fue enorme y eficaz. Solo por citar algunos detalles, la acusación particular me pedía 800.000 euros y 6 años de prisión. El colegio se volcó conmigo, por citar un nombre pondré el de José Luis San Juan Bianchi”.
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